La concreción de la propuesta del sector solidario de la economía dominicana, colocaría al Estado Dominicano en el mismo nivel de desarrollo constitucional de otros países latinoamericanos. Un régimen económico que reconozca las distintas formas de propiedad e iniciativas económicas.

Diversas organizaciones han detectado una oportunidad de mejoría en la propuesta de reforma constitucional de la República Dominicana: incluir el reconocimiento de la economía social y solidaria como parte de las iniciativas económicas que aportan al desarrollo de la nación. Se han reunido para analizar y consensuar demandas en torno a la necesidad de establecer la propiedad social y comunal como parte de las diferentes formas de propiedad y de empresa que coexisten en el país, además de la propiedad privada y estatal.

Nicolás Cruz Tineo, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), explica que hasta ahora las propiedades asociativas y solidarias no se reconocen o son marginalmente reconocidas en la legislación dominicana.

“Este régimen se fundamenta en principios de comercio justo, preservación de la ecología, la equidad social y de género, desarrollando relaciones solidarias, de servicios sociales, sin fines de lucro y de beneficios comunes”.

Según explica la jurista y experta en la materia, Alina Ramírez, en la Constitución se reconocen apenas dos tipos de organizaciones económica fundadas en la asociatividad: las cooperativas y las asociaciones de trabajadores del campo. Destaca que otros países de América Latina, como Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil, ya reconocen constitucionalmente diversas formas de organización de la producción en la economía.

Como parte del pliego de propuesta a la reforma constitucional, entre otras medidas se plantea establecer el deber del Estado de fomentar y proteger la creación y el desarrollo de la economía solidaria, integrada por las cooperativas, las empresas rurales asociativas, los fondos de ayuda mutua, los fondos rotatorios de crédito, las empresas familiares y cualquier otra forma de propiedad asociativa y comunal para asegurar el trabajo, el ahorro o el consumo; y consignar el fomento y protección de la producción nacional como factor determinante en la garantía de la soberanía y seguridad alimentaría de la nación. Se propone asimismo ampliar la garantía del derecho al trabajo mediante la protección al trabajo autónomo, de labores de auto sustento y cuidado humano, así como el reconocimiento de los trabajadores como actores sociales productivos, y la democratización de los factores de la producción.

Cruz Tineo ve en la economía solidaria una opción de respuesta ante la crisis global y destaca la importancia de crear una ley especial que la regule. “Es vital establecer una política pública que favorezca este sector, surgido como mecanismo y forma de articulación social de autodefensa y estrategia de sobrevivencia de sectores pobres que al asociarse pueden gestionar con mayor eficiencia el acceso al mercado”.

La cifra

7 % del Producto Interno Bruto (PIB) es el aporte de las cooperativas y grupos de economía solidaria. Para el 2008 esto representó aproximadamente 29 mil millones de pesos, en la que estuvieron involucradas cerca de 750 mil personas.

Una multitud

Las organizaciones y empresas que constituyen el sector de la economía social y solidaria está conformada por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras autónomas. Tan solo 892 asociaciones reconocidas legalmente agrupan a un total de 53,215 asociados, aglutinados en 60 federaciones. Entre ellos se encuentran campesinos, cooperativistas, trabajadores por cuenta propia, pequeños comerciantes, artesanos, pequeños industriales y agroindustriales, grupos de mujeres y jóvenes.

Según explica Nicolás Cruz Tineo, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), como estrategia de supervivencia, producción y reproducción de sus vidas, estas asociaciones se organizan para generar mayores ingresos, gestionar servicios sociales y comunitarios, comercializar sus productos, ofrecer asistencia técnica y facilitar microseguros y microcréditos. “Se convierten en un modelo de construcción del desarrollo local sostenible, a partir de sus propios medios de producción, recursos productivos y conocimientos locales”. Fuente: Periódico Hoy Digital

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